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jueves, 11 de agosto de 2011

395 - NO al proyecto de ley del ingeniero Rovira

REPUDIO AL PROYECTO DE LEY DEL INGENIERO ROVIRA

Los docentes del emblemático Colegio Provincial Nº 1 Martín de Moussy de la ciudad de Posadas Misiones, emitieron un comunicado sobre el avanzado tratamiento de la Nueva ley de Educación que la extracción feudal renovadora pretende aprobar. Este proyecto de ley defenestra los derechos y las libertades legítimas de los responsables directos de la educación en Misiones.


DISCONFORMIDAD DE DOCENTES MISIONEROS
Proyecto de Ley de Educación (presentado por el Ing. Rovira)

Los docentes del Colegio Provincial N°1 Martín de Moussy, reunidos en asamblea, entienden que el proyecto de Ley de Educación Provincial presentado por Rovira avasalla íntimamente los derechos laborales de los trabajadores de la educación y pretende una modificación del sistema educativo funcional a una política de vaciamiento y destrucción de la Escuela Pública, al tiempo que se erige como una respuesta reaccionaria y distractora de las luchas encabezadas por la docencia misionera que aspira a construir una sociedad más justa desde las aulas, desde la transmisión del conocimiento y desde la participación de diversos sectores de nuestra sociedad.
En el marco de un contexto de crisis del sistema político-educativo de la Provincia, a consecuencia de las gravísimas situaciones de corrupción en el CGE, develadas por los propios docentes en el transcurso de las últimas semanas, podría haberse considerado hipotéticamente como un aporte de solución. Pero lejos de serlo, no solo no abordó dicha conflictividad, sino que agravó la situación, poniendo en tela de juicio la capacidad de los docentes que sí cumplen con la reglamentación establecida ya vigente (Estatuto Docente, con todas sus implicancias).
Partimos de la base de que dicho proyecto de ley pretende establecer las directrices del sistema educativo provincial, con criterios de igualdad y equidad, paradójicamente, para una sociedad extremadamente injusta y desigual donde la dignidad humana se halla sumamente vulnerada, ya que las necesidades básicas de nuestra comunidad educativa, se hallan insatisfechas por condiciones de pobreza estructural; agravadas con el hecho de que las escuelas no pueden paliar al menos en parte dicha situación, dado que por ejemplo en las escuelas primarias, los montos destinados para el funcionamiento de comedores escolares son exiguos y no acompañan la realidad socioeconómica de la provincia.
El modelo productivo vigente en la provincia, que apuesta a la agroforestación y al turismo principalmente, pretende sacar al mercado laboral técnicos funcionales a la dinámica económica regional. Es decir, a la vez que apunta a unidireccionar la formación de los miembros de la sociedad en una especificación técnica despojada de de su carácter humano integral.
Como consecuencia de esta dinámica de enseñanza-aprendizaje propuesta se deriva la proletarización de los alumnos y la reducción de sus capacidades a técnicos-obreros.
Esa tecnificación también se da hacia el interior de la administración del sistema educativo, puesto que se tiende a crear un plantel de tecnócratas sin conocimiento cabal de la dinámica propiamente educativa y pedagógica.
Por otro lado, es imposible desarrollar la actividad educativa en condiciones de seguridad e higiene, como los propuesto en el articulo 10 inciso D del capítulo III, cuando los presupuestos que deberían llegar a las escuelas para su mantenimiento son desviados a proyectos y fines que no redundan en beneficio de las comunidades educativas y el personal de maestranza que debería estar garantizado por el sistema y el instrumento legal no se lleva a la práctica.
En cuanto a la evaluación de la planta docente, esta actividad no es nueva, ya que se realiza anualmente en cada institución a cada uno de sus agentes. Sin embargo, la discrecionalidad y los intersticios legales que adolece este proyecto de ley, nos hacen sospechar seriamente de la objetividad de los instrumentos y los canales evaluadores. Los mismos, parecen apuntar y hacen presumir castigos, hostigamientos y persecución, propendiendo a eliminar a los docentes más capacitados y/o librepensadores para nombrar agentes funcionales al gobierno de turno. Amén de poner en riesgo la seguridad laboral de los formadores críticos y reflexivos que luchan por reivindicaciones que están garantizadas por nuestra Constitución Nacional, lejos está de alcanzarse por esta vía el mejoramiento de la calidad educativa.
La lectura de los fundamentos del proyecto desnuda una incoherencia lógica, epistemológica y semántica, apelando a paradigmas y corrientes de pensamiento ya perimidos y superados, expuestos en términos tales como “instrucción profesional”, “impartir”, “ciencias duras” y “ciencias blandas”. Sintetizando, nos referimos concretamente a que consideramos una falta de respeto a la inteligencia, la capacidad profesional y la formación argumentativa cuando se presenta una fundamentación pobre, elemental y obsoleta en sus bases.
Los docentes misioneros no necesitamos, tampoco queremos, inspirarnos y fundamentarnos en ideas y modelos de “ultra mares” (Nueva Zelanda; California; Corea del Sur; Massachusetss; Finlandia; Francia, entre otras referencias que pueblan el proyecto de ley en cuestión), nacidos en otros y para otros contextos, productos de otras historias y probablemente, otros intereses.
Como Nación, como Pueblo y como Colectivo Docente, ¡algo sabemos de cómo nos fue, cada vez que ingenua o forzadamente importamos “ideas y proyectos foráneos”! Ideas que en este caso, se pretenden usar políticamente, no sólo para fundamentar las propias convicciones del autor, sino para consumar determinados proyectos e intereses. Nosotros apostamos a la construcción de ideas propias y tenemos memoria de nuestras historias locales y nacionales. De ellas queremos nutrirnos y aprender, para pensar nuestra educación del presente, para proyectarnos y construir otros futuros posibles.

2 - DEJA TU OPINIÓN: ACÁ:

Graciela Gómez dijo...

PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA DEL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE MISIONES PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS EDUARDO ROVIRA EL 07 DE JULIO DE 2011

FUNDAMENTO: Si bien, la presente se ha confeccionado dentro del marco jurídico como cumplimiento del Artículo 121 del Capítulo IV del Título X de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, se observa carencias sustanciales en su contenido, desdibujo en conceptos e incongruencias en sus aspiraciones.
Punto N° 1: En general, el texto es escueto, es un esbozo de la Ley Nacional. Carece de los derechos y deberes de los docentes como coronario.
Punto N° 2: No se incorpora al Estatuto del Docente como herramienta sostenible e indeclinable de la Educación ni espacios para su actualización en la organización de la planta orgánica y funcional como el Escalafón de todos los niveles, especialmente el del Nivel Inicial, que es la base de la pirámide cultural.
Punto N° 3: En cuanto a modalidades educativas vistas en el Título II, el Nivel Inicial carece de identidad, a igual destino arriban Educación Física y la Educación común.
Punto N° 4: El Centro de Evaluación, Capacitación e Investigación Docente del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, al ser constituido por mandato del gobierno de turno cae por su propio peso, en arbitrariedad, despotismo y por lo tanto denota carencia de calidad educativa desde el vamos
Punto N° 5: Según el Artículo 81 del Capítulo II del Título IV, sólo los docentes frente al aula serían evaluados. Lo que conlleva a pensar que se desconoce la esencia de una Institución, su conformación; ya que es una unidad de personas que cumplen una diversidad DE FUNCIONES Y QUE DEPENDEN UNO DEL OTRO
Punto N° 6: La labor del Directivo y del Supervisor se reduce ¿a qué? Ya no necesitaría asesorar ni evaluar a sus colegas, se descartaría EL CONCEPTO PROFESIONAL por no tener razón de ser y existir. Una vez más se desmembraría la autogestión, desaparecería la autonomía, la democracia y el profesionalismo.
Punto N° 7: En caso de que hubiere docentes con calificaciones insatisfactorios, se debería rever y cuestionar al Instituto de Formación quién les otorgó el título habilitante para ejercer. Si así fuere surgiría la existencia de formadores mediocres ¿ a éstos quienes evaluarían?
Punto N° 8: Según el artículo 87, las escuelas se definirarán por categorías de acuerdo al rendimiento académico. Surge la contradicción por posiciones antagónicas, que por un lado se versea de igualdad de oportunidades y el rechazo a la discriminación y por otro lado se fomenta la desleal competencia de rótulos y la disfrazada publicación de los DNI de los docentes pseudocuestionados.

Graciela Gómez dijo...

CONCLUSIÓN: se valora que la ley se centra en la vida humana, pero depende de un compromiso concurrente de todos los actores. Si bien la educación es un bien público y un derecho personal y social debe responder a convicciones éticas, filosóficas o religiosas, que el Estado otorga a través de una política educativa con la finalidad de no afectar la plena libertad de enseñar y aprender y la igualdad de oportunidades que garantiza la Constitución Nacional y la necesidad de descentralizar el sistema educativo, en cuanto a la formación docente.
Cuando hay fallas en la Educación o fracaso en las reformas educativas, atribuimos a la falta de recursos financieros, a la normativa, a los docentes, a las instituciones escolares, etc., pero sabemos que se debe a la discontinuidad de programas y proyectos viables, sostenibles y sustanciales que se inician y luego se suspenden por los sucesivos cambios de gobiernos o de funcionarios y por la falta de EVALUACION DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS y de los reajustes necesarios.
En mira al éxito, se debe involucrar a todos los actores de la Educación y es preciso definir, establecer espacios, tiempos, criterios y mecanismos concretos, en un clima de serenidad para cumplir con la misión. Para ello, toda la normativa jurídica y la gestión de las políticas deben evitar ambigüedades que originan intranquilidad e innumerables conflictos.
Es menester, la honestidad y la transparencia en funcionarios, metodologías y asignación de recursos, justicia y equidad en adquisición de cargos de acuerdo a las capacidades y profesionalismo de sus aspirantes en concordancia con salarios y jubilaciones dignos como recompensa leal y legal y una constante evaluación de las políticas públicas y poner en práctica el estudio del sentido de lo establecido en la Ley de Educación 26.206, específicamente lo que determinan los Artículos del Capítulo I y III del Título VI sobre la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
Refiriendo a una fase de la Educación desde hace mucho tiempo, el Nivel Inicial vive postergado por muchos motivos con el mero pretexto por falta de presupuesto. En estos últimos años se ha querido recompensar a medias al crearse muchos núcleos. Pero, sin sustento normativo y jurídico que prevalezca la igualdad de oportunidades en el reparto de funciones y modalidades, que actualmente carece de funcionalidad, superposición de cargos, confusión de tareas (las directoras de Núcleo por su situación establecida cumplen la función de supervisora y las supervisoras, de Inspectoras bajo el criterio del paradigma positivista de la época de Sarmiento).
Es menester, una investigación inédita sobre los beneficios que otorga el Estado para una real educación de calidad para todos los actores que están involucrados.

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